Son Servera

El Ayuntamiento de Son Servera ha cerrado el ejercicio 2016 con un superávit de 2.128.155 € y una ratio de deuda pública de 60,29%. Estas cifras reflejan el saneamiento contable y financiero del consistorio, que, además, ha cumplido todos los parámetros económicos que exige el Gobierno central, como son el límite del endeudamiento, la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el cumplimiento del periodo de pago a proveedores.

Margalida Vives, regidora de Hacienda, explica que ahora el Ayuntamiento tiene "una situación económica saneada, con ingresos suficientes para hacer fuente a los gastos, estamos pagando a los proveedores en un plazo de 10,31 días y tenemos una deuda razonable". Además, remarca que con las aportaciones que se harán durante este 2017, "a finales de año habremos amortizado, en cinco ejercicios, 10 millones de € de deuda de los 17 que había el 2012".

A pesar de estas cifras, Vives muestra su insatisfacción, puesto que las limitaciones de la conocida como Ley Montoro no permite la total reinversión de este excedente y obliga en los ayuntamientos a destinarlo a amortizar parcialmente la deuda bancaria. Vives explica que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha supuesto un recorte competencial sin precedentes, "un importante retroceso sobre los servicios que prestamos las corporaciones locales y un grave ataque a la autonomía municipal". "Hemos hecho un gran esfuerzo de contención económica", continúa "y entendemos que es justo que este excedente anual lo podamos reinvertir en el municipio y no al seguir pagando deuda a los bancos, no tienen que ser los municipios los que resuelvan los problemas de las entidades financieras ni tomar parte de rescates bancarios encubiertos".

En estos momentos todavía se mantiene la incertidumbre de si el Gobierno central flexibilizará la normativa en este aspecto y, por lo tanto, el destino final de este excedente que en principio tenía que ir destinado a mejorar algunas calles del núcleo de Son Servera. Todo y así, el Ayuntamiento ha sido capaz estos últimos años, todo y las restricciones de la Ley Montoro, de reducir algunas de las tasas municipales, introducir bonificaciones fiscales y llevar a cabo proyectos de mejora y embellecimiento a diferentes núcleos del municipio.