Son Servera

El equipo de gobierno del Ajuntament de Son Servera votó en contra de la moción presentada por los grupos de la oposición en la que solicitan la retirada de la placa institucional con el nombre de Josep Barrientos del tramo I del carril bici que une Son Servera y Cala Millor.

PSIB e Independents votaron de manera negativa a la propuesta de la oposición por considerar que el sobrecoste de las obras del carril bici corresponden a un procedimiento Administrativo (por una reclamación de cantidad) en el precio final de la obra. Aunque el equipo de gobierno reconoce errores en el procedimiento administrativo, de la sentencia no se desprenden delitos penales de ninguna persona.

Por ello, esta situación no es equiparable a la acontecida en otros municipios en los que se ha procedido a la retirada placas institucionales por cuestiones penales relacionadas con casos de corrupción.

Aún así, se recuerda que el Ajuntament ha recurrido la sentencia, no por el contenido de la misma, que da la razón a la empresa constructora, sino por las cantidades a pagar a ésta, que difieren de las realmente dictaminadas en su día por el peritaje judicial, con lo que el Ajuntament de Son Servera podría evitar aún el pago de casi 200.000€ y cree que es en este sentido en el que todas las fuerzas políticas deberían consensuar posturas para defender los intereses de todos los serverins y serverines.

Por todo ello, el equipo de gobierno apela a que los partidos de la oposición ejerzan siempre las tan necesarias tareas de fiscalización y control de la gestión municipal desde la honestidad por el bien de todos los ciudadanos y el buen nombre del municipio, sin caer en la crítica fácil y la búsqueda del rédito político a corto plazo con un afán meramente electoralista.

El Ajuntament de Son Servera es consciente de que deberá hacer frente al pago de los trabajos realizados por la empresa constructora del I tramo del carril bici, si bien ello no significa que todos los grupos políticos no deban buscar mediante el diálogo y el consenso lo mejor para el bien del municipio.

Al tratarse de un procedimiento administrativo, que no Penal, por una reclamación de cantidad por unos trabajos realizados, y no por otras cuestiones como se puede tratar de hacer entender a la opinión pública, el equipo de gobierno no cree necesario iniciar un expediente para determinar responsabilidades técnicas y políticas, cuando la sentencia deriva responsabilidades generales y no personales, y más cuando todavía se desconoce la cantidad indemnizatoria definitiva a abonar a la empresa constructora, la cual podría variar en cerca de 200.000€.

Por ello, el equipo de gobierno propone esperar a la resolución final del Tribunal Supremo y apela a que los grupos de la oposición no hagan uso de este tema con intenciones políticas, que no generen confusión entre los serverins y serverines, así como que no siembren dudas sobre la buena fe de los responsables técnicos y políticos del proyecto.

El Ajuntament de Son Servera, tanto desde el equipo de gobierno como de la oposición, deben velar por el presente y el futuro del municipio, en lugar de caer en el error de dar vueltas y desvirtuar el pasado con el único objetivo de obtener un rédito político.